Es un conflicto que hay que manejar con tiento por lo que está en juego: la dignidad y la seguridad de unas personas impedidas, la salud y la integridad de unos trabajadores... Materiales delicados.
Los empleados del servicio municipal de ayuda a domicilio de Granada se enfrentan a una situación que ya ha adquirido categoría de problema laboral: las familias de dos usuarios extremadamente obesos se niegan a que éstos sean movidos con una especie de mini grúas, de unos brazos mecánicos.
La empresa concesionaria del servicio, Clece, dispone de una veintena de estos aparatos. Es lógico. Buena parte de las personas que disponen de la ayuda a domicilio sufren grandes discapacidades -derivadas de accidentes vasculares, etc- y no pueden valerse por sí mismas. Para colmo, y como consecuencia de esa obligada inmovilidad, no es raro que terminen por desarrollar una obesidad que, en algunos casos, puede incluso llegar a ser mórbida. Se trata de pacientes que superan de largo los cien kilogramos de peso. Así que la decisión de Clece de dotarse de los brazos mecánicos era una necesidad inexcusable.
La mayoría de los usuarios se han adaptado, pero hay dos que no. Y lo malo es que la única alternativa es inviable: es imposible manejar a una persona de tanta envergadura sin la ayuda del ingenio mecánico. Además, supondría un riesgo cierto tanto para el trabajador como para el propio afectado.
Críticas
La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Granada llevó el tema al comité de salud a finales de la pasada semana. Su intención era implicar al Consistorio, que es el titular del servicio, en la resolución del conflicto. No lo consiguió. Es más, según los sindicalistas, los responsables municipales ni siquiera aceptaron que se abordase este asunto, una actitud que UGT critica con dureza. «Con el único argumento de que estos trabajadores están contratados por la empresa Clece, el Ayuntamiento se negó a discutir las medidas que contempla la evaluación de riesgos laborales cuando estos auxiliares tienen que realizar su labores de aseo personal y movilización con personas que sufren obesidad mórbida, con pesos corporales de más de cien kilos», dicen los representantes sindicales.
Para UGT, la postura del equipo de gobierno local no se sostiene. «Estamos convencidos de que, al tratarse de un servicio municipal, es el Ayuntamiento el responsable último de coordinar la política de prevención de riesgos laborales y adoptar las medidas oportunas para que, en dos casos concretos, los usuarios con obesidad mórbida acepten que se utilicen medios mecánicos para su manipulación», manifestaron.
En este sentido, el sindicato urge al Ayuntamiento a que encare el problema y le dé una solución. «Los familiares de estas personas se niegan a que la empresa instale en sus casas los brazos mecánicos. Entonces debe ser el Ayuntamiento, como institución que concede el servicio de ayuda domiciliaria, el que dé las instrucciones pertinentes para que los usuarios acepten el servicio con medios mecánicos o, en caso contrario, quede reducido al aseo personal sin movilización. Porque es evidente que existe peligro para la salud de los trabajadores y riesgo de caídas para los propios usuario».
UGT tiene previsto denunciar el caso ante la Inspección de Trabajo.
